Desde comienzos de la década de los sesenta la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado han sido formados bajo los parámetros de la doctrina de la Seguridad Nacional y la aplicación de los fundamentos del Conflicto de baja intensidad. Dentro de tal propósito se han implementado mecanismos prestos a la eliminación del "enemigo interno", representado en la existencia del comunismo, la subversión o insurgencia.
Así, en el marco de dicha estrategia a comienzos de la misma década se recomienda por parte de asesores militares norteamericanos la conformación de organizaciones de "tipo antiterrorista" y para la "lucha anticomunista". Se dio el fundamento legal para la organización de la "defensa nacional", la "defensa civil" y la promoción en la organización de las "'autodefensas".
Bajo el amparo de dicha normas e inclusive desbordandolas, miembros, de la Fuerza Pública entrenaron, dotaron de armamento y adoctrinaron habitantes en zonas de Conflicto con la finalidad de involucrar de manera directa a la población dentro de la Confrontación y apoyar a los cuerpos oficiales en la lucha contrainsurgente.
Como propósito encubierto del accionar criminal de estos grupos aparece el amedrantamiento a la población con el fin de generar una atmósfera de miedo y temor que conlleve a la destrucción de las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, e impida la libre expresión de la inconformidad social.
Hasta la presente se ha constatado cómo los grupos paramilitares han sido desarrollados en diversas regiones de Latinoamérica con el claro propósito de actuar en la defensa y protección de intereses políticos, de proyectos económicos (explotación de recursos naturales como el petroleo y el carbón), y la defensa de sectores vinculados a la actividad agropecuaria y al narcotráfico.
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